LEYES QUE REGULAN LAS TELECOMUNICACIONES EN VEuela

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comunic.gifLEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES DE VENEZUELA.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones constituye el logro de una aspiración largamente
anhelada por el país. En efecto, la nueva regulación está llamada a sustituir una legislación
anacrónica constituida fundamentalmente por la Ley de Telecomunicaciones de 1940 y otras disposiciones legales dictadas con posterioridad a dicha fecha, con las que se pretendió resolver asuntos puntuales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la sola
circunstancia de extrema longevidad como la que presenta el ordenamiento jurídico legal que se sustituye en esta materia, no constituye en sí misma una justificación suficiente para
proponer un cambio en el mismo, toda vez que a tales efectos, resultó ser un instrumento inadecuado a las realidades que el nuevo desarrollo tecnológico había planteado a lo largo de las últimas dos décadas. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada el 12 de junio de 2000 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 36.970, crea un marco legal moderno y favorable para la protección de los usuarios y operadores de servicios de telecomunicaciones en un régimen de libre competencia, así como para el desarrollo de un sector prometedor de la economía venezolana. Este nuevo instrumento legal consagra los principios que regulan las telecomunicaciones, con el objeto de garantizar el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos del país, así como la realización de las actividades económicas necesarias para el desarrollo del sector.
Entre los objetivos de esta Ley destacan la defensa de los intereses de los usuarios y su
derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones y al ejercicio de la comunicación libre y plural. Asimismo, la Ley de Telecomunicaciones procura condiciones de competencia entre los diferentes operadores y prestadores de servicios, estableciendo disposiciones en materia de precios y tarifas, interconexión y recursos limitados (numeración, espectro radioeléctrico y vías generales de telecomunicaciones), generando así el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías que impulsan la integración geográfica y la cohesión económica y social, al igual que la convergencia eficiente de servicios de telecomunicaciones.
Otro de los aspectos resaltantes de la Ley es que garantiza la incorporación y cumplimiento de las Obligaciones de Servicio Universal, mediante la creación de un Fondo cuya finalidad es subsidiar los costos de infraestructura necesarios para la satisfacción de dichas obligaciones y a la vez mantener la neutralidad de los efectos de su cumplimiento desde el punto de vista de la competencia; además, propicia la investigación y desarrollo del sector en el país, así como la transferencia tecnológica, y atrae la inversión nacional e internacional para el desarrollo del sector de telecomunicaciones, en virtud de que esta Ley proporciona seguridad jurídica, estableciendo reglas claras, transparentes, precisas y ajustadas al avance tecnológico del sector.
Derechos y Deberes en la LOT:
En la Ley de Telecomunicaciones se establecen, en términos generales, los derechos y deberes de los usuarios. Entre los derechos de los usuarios, que a su vez implican deberes para los prestadores de servicios de telecomunicaciones, destacan: acceso en condiciones de igualdad a todos los servicios de telecomunicaciones de forma eficiente, de calidad e
ininterrumpido; privacidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones; facturación de la totalidad de los cargos por los servicios; disposición de un servicio gratuito de llamadas de emergencia; oportuno reintegro por concepto de depósitos o garantías y saldos que resulten a su favor; compensación por la interrupción de los servicios de telecomunicaciones; atención eficaz de todas sus solicitudes, quejas o reclamos derivados de la prestación del servicio; conocimiento previo y en forma adecuada de la suspensión, restricción o eliminación de los servicios de telecomunicaciones que haya contratado, así como la existencia de averías en los sistemas de telecomunicaciones que los afecten; acceso a la información en idioma castellano relativo al uso adecuado, instalación, mantenimiento de equipos terminales y manejo de los servicios de telecomunicaciones; adecuada y oportuna protección contra anomalías o abusos cometidos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones o por cualquier otra persona que vulneren los derechos establecidos en la Ley.
Con el objeto de generar confianza a los inversionistas, la Ley establece mecanismos expeditos, públicos y reglados para el otorgamiento de las habilitaciones administrativas y
concesiones. Las habilitaciones administrativas se otorgarán sólo a personas naturales o jurídicas domiciliadas en Venezuela para el establecimiento y explotación de redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, las cuales tendrán una duración máxima de 25 años, pudiendo ser renovadas por períodos iguales. Las concesiones otorgan un derecho intuitu personae (no transferible) por tiempo limitado, para usar y explotar una porción determinada del espectro radioeléctrico, como bien de dominio público, por lo tanto éste se requerirá únicamente cuando se haga uso del mismo.
Las concesiones pueden ser otorgadas mediante oferta pública o adjudicación directa. El procedimiento de oferta pública incluye una fase de precalificación y una deselección, que se realizará bajo las modalidades de subasta o en función de la satisfacción de mejores condiciones. Las concesiones para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en materia de radiodifusión y televisión abierta deberán ser otorgadas a través de adjudicación directa.
Esta Ley le atribuye a CONATEL la administración, control y regulación del recurso limitado de numeración, por medio del cual establece lineamientos precisos tanto para la Comisión como para los operadores de servicios de telecomunicaciones. Entre los elementos más novedosos que posee esta Ley, podemos mencionar:
• La portabilidad numérica o conservación de la numeración.
• La selección de operador de larga distancia nacional o internacional, según la conveniencia del contratante de los servicios.
• El derecho para los operadores de hacer uso de las vías generales de telecomunicaciones
existentes, en la forma y modalidades que determine CONATEL. Se consideran Vías Generales de Telecomunicaciones los ductos, tuberías, tanquillas y demás elementos que permitan el emplazamiento de los medios a través de los cuales se transmite la información.
• La regulación de la prestación de los servicios satelitales y el acceso y utilización del recurso órbita-espectro para redes espaciales asignadas a la República y registradas a nombre de ésta.
• La homologación y certificación, con la finalidad de garantizar la integridad y calidad de las redes de telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico y la seguridad de los usuarios, operadores y terceros.
• La libertad de los operadores de establecer los precios y tarifas de los servicios de telecomunicaciones, excepto aquellos prestados en función de una Obligación de Servicio Universal, donde el operador debe someter a la consideración de CONATEL una propuesta de tarifa mínima y máxima, o cuando exista una posición de dominio por parte de una o más empresas, donde CONATEL podrá determinar las tarifas mínimas y máximas, oída la recomendación de Procompetencia.
• Asimismo, se contempla en este texto legal la interconexión de redes, en consecuencia, los operadores de redes de telecomunicación tienen la obligación de interconectarse con otras redes públicas para prestar comunicaciones interoperativas y continuas, bajo los principios de neutralidad, buena fe, no-discriminación, e igualdad de acceso entre operadores.
Por otra parte, es digno de señalar que la Ley de Telecomunicaciones que se presenta es el
producto de un proceso de cientos de horas de consulta, abierto a la participación activa de las Universidades Nacionales, de las Cámaras de Telecomunicaciones, de diversos organismos públicos y del público en general, cuyos aportes se han recogido en el texto final que se ha visto enriquecido en su contenido, por la participación ciudadana. La nueva regulación pretende convertirse en el marco normativo general que regule los servicios de Telecomunicaciones de cara al milenio que comienza, creando el sustento legal necesario para garantizar estabilidad y seguridad jurídica indispensables, mediante el establecimiento de reglas claras y transparentes de actuación, con la finalidad de que ello se traduzca en servicios de telecomunicaciones de mejor calidad, cantidad, acceso y precio para la población, teniendo como norte fomentar la competencia entre los operadores, a la vez de que se garantice la presencia y vigilancia del Estado sobre las desviaciones perniciosas del mercado.

ELABORADO POR: YNES VASQUEZ.



a) Posición oficial de CONATEL: La ley de Telecomunicaciones y la Apertura según el gobierno Nacional.
El marco del proceso de apertura está fundamentado en la reciente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual contempla el régimen general que regula la prestación de los servicios de telecomunicaciones y contiene disposiciones expresas de carácter transitorio dirigidas a regular el proceso de apertura.
La regulación establecida en la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones está dirigida a garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones. En tal sentido, establece mecanismos expeditos, claros, públicos, igualitarios y reglados para la obtención de las respectivas habilitaciones administrativas. Asimismo, consagra la posibilidad de incorporar atributos adicionales a las habilitaciones administrativas y mecanismos transparentes para la obtención de la concesión de uso del espectro radioeléctrico.
En concordancia con la misión del Estado de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones en todo el espacio geográfico nacional, los operadores tienen la obligación de prestar los servicios de telecomunicaciones con base en estándares mínimos de penetración, acceso, calidad y asequibilidad económica, con independencia de la localización geográfica, a los fines de lograr la integración nacional, masificar el acceso a la información e impulsar el desarrollo de la educación y la salud.
5) Papel del Organismo Regulador
La Administración Pública de las telecomunicaciones está integrada bajo un esquema a dos niveles. En primer lugar, el Ministerio de Infraestructura tiene atribuida la dirección de las telecomunicaciones en el Estado, competencia que ejerce a través del establecimiento de las políticas y lineamientos generales que han de aplicarse en el sector, para asegurar, de tal forma, su concordancia con los planes nacionales de desarrollo que establezca el Ejecutivo Nacional.
Por otra parte, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ha descentralizado funcionalmente las competencias técnicas referidas a las telecomunicaciones mediante la creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, como un instituto autónomo dotado de autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, adscrito al Ministerio de Infraestructura, y con competencias para la regulación, planificación, promoción, desarrollo y protección de las telecomunicaciones en todo el espacio geográfico nacional.
Además de estos cambios de orden jurídico, CONATEL inició en 1999 un proceso de fortalecimiento institucional orientado a asegurar una mayor eficiencia y capacidad técnica. En tal sentido, se han introducido cambios en la estructura organizacional, los recursos humanos y la infraestructura técnica.
La reestructuración administrativa permitió adecuar la estructura de CONATEL a los procesos que se llevan a cabo en su seno, con el objeto de optimizar las respuestas a las solicitudes de las empresas y usuarios de los servicios. Asimismo, ha invertido recursos y esfuerzos para capacitar a su personal en áreas técnicas, legales y económicas, y ha reforzado sus cuadros técnicos y gerenciales. En el aspecto de infraestructura técnica, actualmente se adelanta el desarrollo del Sistema Automatizado de Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico (SAAGER), el cual permite el monitoreo automatizado de las señales que son transmitidas a través del espectro radioeléctrico y la disponibilidad de bases de datos contentivas de la identificación de las empresas operadoras, habilitaciones administrativas, concesiones y recaudación de impuestos, entre otros.
Este esfuerzo, aunado a las nuevas políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional y los postulados de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones han cambiado la concepción del organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela. En efecto, el nuevo regulador es un verdadero administrador del sector de las telecomunicaciones y, principalmente, de los recursos escasos, con la misión de promover la inversión en el sector y coadyuvar en el fomento y la protección de la libre competencia en el sector, de la mano con la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. Asimismo, CONATEL se constituye en un árbitro efectivo de las controversias entre los operadores de telecomunicaciones y debe velar, de igual forma, por la calidad de los servicios prestados en el país.
6) Modelo de Apertura
Los lineamientos en materia de otorgamiento de habilitaciones administrativas y concesiones de uso; así como en materia de interconexión, numeración, acceso al portador de larga distancia, vías generales de telecomunicaciones, tasación, facturación y cobranza, tarifas, tasas contables y calidad de servicios, que a continuación se presentan, constituyen el marco general que orientará el proceso de apertura de los servicios básicos de telecomunicaciones en Venezuela.
En este sentido, el artículo 211 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé la creación del "Reglamento de Apertura del Servicio de Telefonía Básica", instrumento normativo, que desarrollará los lineamientos expuestos en el presente documento, estableciendo las condiciones, limitaciones, requisitos y demás elementos necesarios para definir el proceso de apertura de este servicio.
7) Objetivos de la Apertura:
a) Transformar el sector de telecomunicaciones y convertirlo en uno de los ejes fundamentales para el crecimiento económico del país.
b) Promover nuevas inversiones que contribuyan a la diversidad, calidad, expansión y desarrollo de servicios de telecomunicaciones.
c) Facilitar el posicionamiento de Venezuela en los mercados regionales Andinos.
d) Promover el desarrollo social y la equidad.
- Principios Orientadores.
El proceso de apertura de los servicios básicos de telecomunicaciones requiere de la definición de principios que orienten la actuación tanto de los operadores de servicios de telecomunicaciones como del órgano regulador. En este sentido, la libertad económica, promoción de inversiones, la transparencia, la libertad tecnológica, la no discriminación, la libre competencia, la equivalencia de oportunidades, la eficiencia, la libertad de elección de los usuarios y la equidad social, constituyen las premisas básicas que fundamentan el proceso de apertura.
Libertad económica: En concordancia con la visión plasmada en la novísima Ley Orgánica de Telecomunicaciones, todo aquél que cumpla con los requisitos establecidos y con el procedimiento previsto, podrá obtener una habilitación administrativa que le permita explotar redes de telecomunicaciones.
Promoción de Inversiones: Con la finalidad de atraer capitales al sector y desarrollar esta rama de la actividad económica nacional, CONATEL ha adoptado una política de reducción sincerada de barreras de entrada a la prestación de servicios de telecomunicaciones, eliminando la imposición de costos adicionales para el otorgamiento de las habilitaciones administrativas.
Libre Competencia: El Estado impulsará una apertura amplia y ordenada de las telecomunicaciones, procurando un ambiente de libre y leal competencia en el mercado, motivando el surgimiento de nuevos actores y promocionando la expansión y distribución de los capitales en el sector. A tales efectos y en el marco del nuevo ordenamiento jurídico, será especialmente vigilante de inhibir aquellas prácticas que distorsionen la dinámica de un mercado saludable. En este sentido, CONATEL coadyuvará a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia en la defensa de la competencia, para lo cual ambos organismos han suscrito un convenio interadministrativo.
Equivalencia de Oportunidades: En consonancia con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución, el artículo 211 de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones faculta a CONATEL para adoptar las medidas que permitan crear las condiciones necesarias para la apertura de los servicios básicos de telecomunicaciones, y le confiere la potestad de establecer regulaciones asimétricas con miras a fomentar la equivalencia de oportunidades entre los operadores existentes y entrantes, así como la competencia en el sector.
No Discriminación: CONATEL tiene la obligación de facilitar la entrada de los operadores al mercado, en condiciones no discriminatorias y de propiciar el acceso de los usuarios sin distinciones a los servicios de telecomunicaciones. Por otra parte, los operadores de servicios están obligados a negociar con todos sus homólogos los acuerdos que sean necesarios para la prestación de sus servicios y ofrecer los mismos a todo aquél que así lo requiera.
Transparencia: Con el objeto de permitir a todos los participantes en el proceso de apertura conocer los requisitos, características y aspectos relevantes del régimen de las telecomunicaciones en nuestro país, CONATEL debe establecer las Condiciones Generales de las habilitaciones administrativas, el Marco Normativo para la Numeración Nacional y el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia (CUNABAF). Asimismo, se prevé la obligatoriedad de la realización de consultas públicas para la producción y modificación de los actos normativos que dicte CONATEL y de las Condiciones Generales de las habilitaciones administrativas.
Libertad en el Uso de las Tecnologías: Con el objetivo de impulsar la modernización e innovación de los servicios de telecomunicaciones, se permite y facilita el ingreso de nuevas tecnologías al país, siempre que con ello no se desmejore el acceso a los servicios y su calidad y sin otras limitaciones que las derivadas de la normativa de uso del espectro radioeléctrico, la homologación de equipos y la legislación ambiental vigente.
Eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico: CONATEL debe velar por la adecuada utilización del recurso espectral, tanto por su carácter de recurso escaso del dominio público como por su utilidad para la prestación eficiente de más y mejores servicios. En consecuencia, las porciones del espectro radioeléctrico de alta valoración económica serán otorgadas mediante el procedimiento de oferta pública legalmente establecido. El Estado velará porque el espectro radioeléctrico sea efectivamente utilizado por los concesionarios.
Libertad de elección: La entrada de nuevos actores en un escenario de efectiva competencia permitirá a los usuarios elegir al proveedor de servicios básicos de telecomunicaciones de su preferencia. CONATEL garantizará el respeto de los derechos de los usuarios y su posibilidad de acceso a los servicios en condiciones de igualdad, así como también, la posibilidad del usuario de cambiarse de un operador a otro sin más limitaciones que las previstas en la normativa correspondiente.
Equidad social: Uno de los principales objetivos del Estado consiste en asegurar que todos los habitantes de la República tengan acceso a servicios de telecomunicaciones eficientes y de calidad. En consecuencia, con miras a reducir la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones y fomentar un desarrollo más integrado, CONATEL, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ha de diseñar políticas para contribuir con el logro de dichos objetivos. Ejemplos de ello lo constituyen la instalación de teléfonos públicos, la previsión de planes orientados a sectores de menores ingresos, el desarrollo de telecentros, la prestación de servicios bajo condiciones preferenciales de acceso y precios a escuelas, universidades, bibliotecas y centros asistenciales públicos y la institución del Servicio Universal.
  • Antecedentes e implicaciones del la nueva Ley
La promulgación de la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones en junio de 2000 constituye un hito en la historia de un sector cuyo desarrollo ha sido ejemplar dentro de la economía venezolana. El sector de las telecomunicaciones es el único, aparte del petróleo, que mantuvo un crecimiento constante a lo largo de la década de los noventa. Tal comportamiento es una consecuencia del extraordinario auge de este sector en el mundo, pero también de la forma como ha sido manejado en el ámbito nacional.
Los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión surgieron en Venezuela, como en la mayoría de los países, en forma de actividades privadas, aunque sujetas a intervención del Estado. La ley de Telecomunicaciones de 1940 reservó al Estado la prestación de estos servicios, sea de manera directa o mediante permisos y concesiones a particulares para su establecimiento y explotación. La Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTV) fue establecida originalmente como una empresa de derecho privado, cuyas acciones fueron adquiridas por el estado en 1953, aunque con capacidad para venderlas de nuevo cuando lo considerase conveniente. Por ello fue posible privatizarla dentro del marco de la ley de 1940. CANTV recibió un contrato de concesión en 1965, recogida en la ley que regula la reorganización de los servicios de telecomunicaciones de ese año.
Durante los años 90 el sector experimentó extraordinarios cambios en gestación desde hacía décadas. La invención del transistor a comienzos de los 50 fue crucial en el avance de la electrónica del estado sólido, la cual ha hecho posible las comunicaciones digitales, los satélites y los microcomputadores. En paralelo con la revolución tecnológica se desarrolló una revolución institucional. En 1983, una decisión judicial abrió por primera vez a la competencia el servicio telefónico en Estados Unidos, y en 1984, la privatización de British Telecom comenzó a revertir la anterior tendencia a la estatización.
La apertura a la competencia y a la privatización transformaron el sector en el mundo entero, en particular en América Latina y en Europa Oriental. Venezuela se une a este proceso con el otorgamiento de la banda A de telefonía móvil celular a Telcel, en 1990, y la creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la privatización de CANTV en 1991. Esta empresa había alcanzado importantes logros en las décadas de los 60 y 70, con la automatización de los servicios locales y de larga distancia en todo el país. En los 80, cayó en un estancamiento, después del despido conflictivo de casi todo su equipo de ingenieros y otros profesionales que se oponían a la politización y al otorgamiento arbitrario de contratos de adquisición. Para 1990 la calidad de servicio era inaceptable, y la demanda acumulada no atendida alcanzaba cifras alarmantes.
El sector telecomunicaciones creció en los 90 gracias a las inversiones de CANTV, Telcel y otras empresas. a lo largo de la década CONATEL otorgó más de 200 nuevas concesiones. La inversión total se acercó a 10.000 millones de dólares. El sector ha llegado a representa más del 3% del PIB: duplicó la participación registrada a comienzos de la década. CANTV posee 3,6 millones de líneas fijas, e instaló más de 3000 Km de fibra óptica y media docena de cables submarinos internacionales. No obstante, la calidad del servicio telefónico no ha llegado a alcanzar las metas establecidas en el contrato de concesión. El crecimiento más espectacular fue el de la telefonía móvil celular que, gracias al sistema de prepago alcanza casi 5 millones de aparatos en uso. La expansión del acceso a Internet, si bien todavía limitado, posee un enorme potencial. La radiodifusión a experimentado también cambios notables, aunque menos espectaculares. El auge de la televisión por suscripción es uno de los más importantes, tanto vía satélite como por cable. En la radiodifusión sonora la innovación más importante, fue la difusión de la frecuencia modulada en la década de los 80. Mas que cambios técnicos, se debe destacar el papel desempeñado por los medios de comunicación durante los 90: informar y moldear la opinión pública y servir de foro para el debate nacional.
La expansión de las telecomunicaciones es impresionante en una década durante la cual la economía nacional ha pasado por serias dificultades. En 1990, los pronósticos apuntaban a un crecimiento del producto del 6 por ciento anual. Tal pronóstico se cumplió
entre 1990 y 1992; pero, a partir de ese año, el producto se estancó o se contrajo todos los años con excepción de 1995, cuando creció 3,95 por ciento y en 1997, cuando lo hizo 6,40 por ciento. Debido a la reducción de la demanda esperada, se hizo necesario reducir las metas de expansión contempladas en el contrato de concesión de Cantv. Para el año 2000, en lugar de 4,4 millones de líneas instaladas se contaba con cerca de cuatro millones. La demanda estaba prácticamente satisfecha para el nivel de tarifas establecido. La densidad telefónica alcanzó 13 teléfonos por cien habitantes, una cifra todavía baja. Sin embargo, no se había previsto el auge de la telefonía celular. Si se considera que el sistema de prepago permite el acceso a personas que normalmente no serían suscriptores del servicio fijo y se suma el número de suscriptores fijos, la densidad telefónica puede estar cercana a 20 suscriptores por cien habitantes.
Con la apertura a la competencia y la privatización. realizada en la mayoría de los países, han surgido empresas de telecomunicaciones globales que vienen adquiriendo las operadoras telefónicas nacionales. Ejemplos de ello son Telefónica de España, France Telecom y Bell South en América Latina. Este es un aspecto de la globalización que ha traido indudables beneficios a los países, al ofrecer mejor calidad en los servicios tradicionales y nuevas modalidades de servicio. Las tarifas han aumentado generalmente, pero tienden a reducirse en la medida en que se profundiza la competencia. La Cantv estatal y monopólica no hubiese podido alcanzar los resultados descritos, aun en las mejores condiciones. Empresas tan eficientes y prestigiosas como las telefónicas francesa y alemana fueron privatizadas para hacerlas más ágiles y competitivas. En las empresas latinoamericanas se ha requerido una inyección masiva de inversión, tecnología
y gerencia, con el respaldo de importantes empresas transnacionales, como han sido GTE y Bell South en el caso venezolano.
Estos cambios fueron posibles dentro del marco de la ley de 1940. Sin embargo, desde comienzos de los años noventa se señala la necesidad de una nueva ley adecuada a las realidades del sector. Se destacaba, particularmente, la carencia de disposiciones acerca de los contratos de concesión o de servicio, el derecho del ciudadano a la comunicación y su inviolabilidad. También se consideraba que la potestad del Estado para revocar concesiones era demasiado amplia y que era necesario regular a los operadores, no solamente a los servicios. Se proponían leyes separadas para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Un proyecto de Ley de Telecomunicaciones fue aprobado por la Comisión de Administración y Servicios de la Cámara de Diputados en primera discusión en mayo de 1991; pero transcurrieron nueve años antes de que se contara con una Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
La nueva ley constituye un avance importante en la concepción de los servicios de telecomunicaciones. Deja de lado su definición anterior como servicio público y los caracteriza como actividad económica de interés general, Así, cualquier particular tiene derecho a prestarlos, sujeto a las regulaciones que establezca el Estado en aras del interés público; de allí la figura de las habilitaciones para las empresas operadoras y los atributos para caracterizar los servicios específicos. Un segundo pilar conceptual es la libre competencia como el mecanismo fundamental de funcionamiento, bajo la supervisión de Procompetencia, y recurrir a la regulación por excepción cuando la competencia no pueda surtir el efecto deseado.
Otros puntos fundamentales son la promoción de la convergencia de servicios, que corresponde a una tendencia manifiesta del sector, y la aspiración al servicio universal, cónsona con la relevancia otorgada actualmente a los servicios de telecomunicaciones como un medio para combatir la marginación económica y social. La figura de concesiones se conserva para el uso del espectro radioeléctrico, lo cual se justifica por tratarse de un bien público escaso. En la ley se establecen mecanismos transparentes para su adjudicación. La posibilidad de revocación de estas concesiones ha despertado inquietud en los medios de radiodifusión. Es necesario esperar los reglamentos y observar cómo será aplicada la ley en la práctica.
La expansión de las telecomunicaciones seguirá adelante en las próximas décadas y llegará a alcanzar la casi totalidad de los habitantes del planeta y buena parte de las máquinas y equipos que están a su servicio. Tal universalidad no significa necesariamente homogeneidad. La dotación de servicios abarcará una gama que va desde los servicios comunales mínimos hasta el acceso en banda ancha y multimedia, según las necesidades y la capacidad de pago de cada cual. La transmisión de información estará íntimamente asociada a la generación de contenidos y a su procesamiento, El control de esta red global puede estar concentrado en pocas manos, o disperso en muchas. No se puede prever el impacto de la comunicación universal, pero la Ley Orgánica de Telecomunicaciones parece un marco idóneo para el desarrollo del sector en las próximas décadas.

c) Pormenores de la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones (LOT)
Mucho se ha hablado de la oportunidad de negocio que representa la nueva Ley de Telecomunicaciones. Pero, ¿sentirá el venezolano común el efecto de más de 200 artículos que comprende esta nueva Ley? El usuario común de Internet, televisión por cable, telefonía básica o pública, o cualquier otro mecanismo de comunicación automáticamente se convierte en un blanco directo de los nuevos parámetros legales del sector.
Los venezolanos permanecieron 40 años regidos por una ley que los mantuvo alejados del desarrollo desesperado de los sistemas de comunicación que entrelazaban naciones, apuntalaban sistemas económicos y elevaban la calidad de vida de sus habitantes.
La Ley de Telecomunicaciones de 1940 le confería el dominio de la actividad relativa a un Estado sin capacidad de inversión y exigía que 80 por ciento del capital social de la compañía de servicios debía ser nacional, lo cual ponía una camisa de fuerza a la millonaria inversión extranjera. La demostración máxima del fracaso de este modelo se demostró cuando, entre 1996 y 1997, una vez que se privatizó 40 por ciento de Cantv, se otorgó la primera concesión privada de telefonía celular y se empezó a hablar de la apertura del sector para el año 2000, en esa oportunidad los inversionistas foráneos invirtieron en tal medida que el sector generó 5,9 por ciento del Producto Interno Bruto. En medio de la recesión económica de la mayoría de los sectores productivos del país, las telecomunicaciones reportaron 20 por ciento de crecimiento. El camino recorrido y las proyecciones para este año hacen que el sector de telecomunicaciones sea identificado, conjuntamente con los índices de producción petrolera, como la actividad que más promete aportar buenas noticias al desarrollo económico del país. No en vano Fedecámaras otorgó al área de telecomunicaciones la categoría de sector empresarial.
La nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) aprobada en mayo del año 2000 pone coto al monopolio que Cantv tenía en el servicio de telefonía básica para dar la bienvenida a inversionistas deseosos de comercializar los servicios hasta ahora reservados a la telefónica nacional y a pocas compañías de telefonía celular. Las áreas de nuevos productos se orientarán a radiomensajes personales, redes privadas de telecomunicaciones, telefonía celular, televisión por suscripción, telefonía pública y todos los tipos de transmisión de voz, datos y video existentes. La seguridad jurídica y económica que implica este marco legal activará la imaginación de los desarrolladores de tecnología y servicios para abarrotar al mercado venezolano de opciones que faciliten la actividad corporativa y la calidad de vida individual y familiar de los venezolanos.
La entrada en vigencia de la LOT se encuentra con el siguiente panorama: de cada 100 hogares venezolanos sólo 11 tienen acceso a la telefonía básica y de cada 100 habitantes cuatro tienen acceso a internet. Las metas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) apuntan a que 75 por ciento de la población contará con el servicio de telefonía básica; 80 por ciento del país accederá al menos a un servicio de telecomunicaciones, y por lo menos 15 por ciento de la población tendrá acceso a internet.
El Ministerio de Infraestructura coordinará las acciones de Conatel, que será el órgano competente del Ejecutivo nacional en todo lo relativo a la regulación, administración y control de las telecomunicaciones regulados por esta ley. Conatel continuará con su función de aprobar los planes nacionales de telecomunicaciones y las concesiones de radiodifusión. Esta autoridad, que conjuntamente con las cámaras y representantes privados del sector impulsaron la materialización de este proyecto, ahora se mantendrán vigilantes para que la ley cumpla con todas sus promesas.
El desarrollo del Plan Nacional de Telecomunicaciones y la necesidad de una ley se enmarcó dentro de la definición de la infraestructura global de la información que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (organismo del cual Venezuela es miembro). Para la UIT hay tres industrias que van a integrar la tecnología: la industria de infraestructura de las telecomunicaciones y hardware, de aplicaciones y contenidos.
Jesse Chacón, gerente general de operaciones de Conatel, comenta que esta ley pretende reglamentar todas las aplicaciones que tengan que ver con el intercambio de información. El punto que ahora se avisora es el referente a la distinción entre telecomunicaciones e informática; al parecer, los dos mundos se debaten en una difusa frontera. Las telecomunicaciones deben ser entendidas como todo lo que signifique intercambio de información, incluyendo el protocolo de transporte y la industria de contenido a los que la ley se refiere. Lo cierto es que el Plan Nacional de Telecomunicaciones acuñó un concepto que engloba las telecomunicaciones en una sociedad de conocimiento en la que se garantice acceso y una política del Estado dirigida hacia el desarrollo de contenido, y otra direccionada a un cambio a la manera de enseñar y aprender. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología controlarán las garantías que la ley ofrece en este sentido.
La LOT honra al usuario dedicándole todo un capítulo a sus derechos. Para Chacón, la ley trata de establecer un equilibrio entre dos principios, la libertad de empresa y los principios de atención directa al usuario (parámetros de calidad, metas especiales de cobertura mínima uniforme, protección, prestación de servicios a bajo costo). Mientras el modelo de apertura de Chile y Perú implica que el Fondo Universal destinado a universalizar el servicio se destina a dar acceso a la telefonía pública, el concepto venezolano trata de facilitar la información. La idea es que con 310 millardos de bolívares (ingresos estimados del fondo en el período 2001-2003) se atienda a 85 por ciento de la población rural.
La LOT tiene un gran reto que el ciudadano y el inversionista deben reclamar. La competitividad de las naciones depende en gran medida del estado de las tecnologías de la información. Las telecomunicaciones no solo tienen cabida en un marco industrial y comercial sino que forman parte de los sistemas sociales, salud, cultura, transporte, educación y el roce que la población tenga con el conocimiento en todos los niveles. En este contexto, el ciudadano se sitúa en una posición de ventaja: informado, bien servido y con múltiples opciones, alcanza un grado de exigencia y de demanda que lo posiciona en un nivel de vida por el que se mantiene en movimiento para que el mercado pueda satisfacerlo.
d) La LOT y el sistema Tributario.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) prevé diversas categorías de tri­butos: a) el impuesto a la actividad de telecomunicaciones; b) las tasas por el uso del espectro radioeléctrico y por habilitaciones administrativas y c) las contribuciones espe­ciales, afectadas o no, por un patrimonio sepa­rado de la Comisión Nacional de Telecomuni­caciones (CONATEL).
En esta oportunidad nos referimos al im­puesto a las Telecomunicaciones que deben pa­gar las operadoras de este servicio, en cual­quiera de sus modalidades (radiodifusión sonora, elevisión abierta, telefonía móvil o fija, etc.). Este impuesto grava el ejercicio con fines de lucro de la actividad de telecomunicaciones y su base imponible son los ingresos brutos generados por la misma. Se trata de un impuesto objetivo o real, toda vez que se dimensiona sobre­ los rendimientos o beneficios brutos que la explotación produzca. La alícuota aplicable es de 1% en el caso de la radiodifusión sonora, televisión abierta, y de 2.3% para los demás servicios de telecomunicaciones, con una sobreretasa para la telefonía móvil celular de 0,1% para el año 2001, hasta 0.5% para el año 2005. Este impuesto debe autoliquidarse y pagaarse en forma trimestral, dentro de los prime­ros quince días continuos siguientes a cada tri­mestre del año calendario.
Cabe destacar que no todos los ingresos brutos de la operadora del servicio de telecomunicaciones forman parte de la base imponible de este impuesto, sino que además se requiere, co­rno expresamente lo señala la LOT, que ellos de­riven de la explotación de tales servicios. Enton­ces, quedan excluidos de la base imponible, aquellos ingresos brutos ajenos a la ejecución del servicio de telecomunicaci­ones, es decir, aquellos que no se rela­cionan con la "transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radio­electricidad, medios ópticos u otros me­dios electromagnéticos afines, inventa­dos o por inventarse." (Artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones).
En tal virtud, la propia LOT, expresa­mente prevé que “no formará parte de los ingresos brutos de las operadoras de telecomunicaciones, los ingresos de­rivados de dividendos, ventas de acti­vos e ingresos financieros". (Artículo 155, Parágrafo único). Luego, la LOT excluye del ámbito de gravabilidad de los tributos en ella previstos, cualquier otro in­greso bruto no derivado de la operación de las telecomunicaciones, entre los que se encuen­tran las ganancias de capital de la operadora, como son: venta de activos, dividendos, intere­ses y otras operaciones financieras. La enume­ración contenida en la LOT, de aquellos ingre­sos que no formarán parte de la base imponible, es meramente enunciativa.
Asimismo, la LOT excluye de los ingresos brutos de las operadoras de telecomunicaciones, las cantidades pagadas por concepto de interconexión. Esto es, las cantidades que recí­procamente se adeudan las prestadoras del servicio como consecuencia esta interconexión realizada a fin de que los usuarios de las dis­tintas operadoras del servicio puedan comuni­carse. Como consecuencia de la interconexión, las operadoras del servicio de telecomunica­ciones reciben de los usuarios determinadas cantidades. Las cantidades percibidas por este concepto no podrían calificarse como un ingre­so propio del operador, por cuanto éste se en­cuentra obligado a pagarlas a la operadora por cuya red transitó parte de la comunicación realizada. De allí que tales cantidades no for­men parte de los ingresos brutos generados por las operadoras de telecomunicaciones. En igual sentido, las cantidades pagadas por este concepto por las operadoras del servicio te­lecomunicaciones no podrían calificarse como un gasto, en la medida en que solo impli­quen la restitución de una cantidad percibida por cuenta de otra operadora del ser­vicio de telecomunicaciones.
Igualmente, quedan excluidos de la base imponible de este impuesto, las cantida­des pecuniarias recibidas a título de reembolso de gastos efectuados por cuen­ta de otro, por no constituir ingresos pro­pios, sino el reconocimiento de la eroga­ción realizada a los fines de cumplir una actividad encomendada previamente, tam­bién los ingresos brutos provenientes de la venta de producciones artísticas, tales como novelas, radionovelas y documenta­les, en el caso de la radiodifusión sonora y televisión abierta.
Por otra parte, de conformidad con la regu­lación legal, basta que los ingresos brutos se causen, por practicarse el corte de cuenta de los usuarios o contratantes del servicio para que éstos se consideren generados y, en conse­cuencia, nacida la obligación de efectuar el pa­go de los tributos que se calculan sobre dichos ingresos brutos. Al respecto, es preciso seña­lar que la base imponible del impuesto de tele­comunicaciones, debe responder a las cantida­des efectivamente producidas y percibidas por el contribuyente, lo cual es el resultado de las operaciones de determinación, reconocimiento y sustracción de aquellos montos que repre­senten, entre otras, lo perdido, devuelto o des­contado dentro del período impositivo de que se trate. Entonces, los montos causados por las operadoras al momento de la facturación, si bien constituyen una presunción de que for­marán parte del ingreso bruto efectivo, tal pre­sunción es susceptible de destruirse en aque­llos supuestos en los cuales el ingreso efectivo no llega a materializarse, caso en el cual pro­cedería el reintegro de las cantidades pagadas indebidamente o el ajuste de la base imponible de períodos posteriores.ELABORADO POR ANEL ROJAS.


Ley Orgánica de Telecomunicaciones aporte realizado por: Ysabel Cedeño

EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE INFORMÁTICA
external image usuarios-09.gifNIVEL I
external image usuarios-08.gifNIVEL II
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aporte realizado por: Ysabel Cedeño

NIVEL III








La Apertura de las Telecomunicaciones en Venezuela: concepción, lineamientos, legislación, escenario actual. Ventajas y desventajas.
. Apertura del las telecomunicaciones. Concepción.
El 27 de noviembre de 2000 vence el privilegio de concurrencia limitada otorgado por la República a Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela y, en consecuencia, a partir de tal fecha cualquier interesado que haya obtenido la correspondiente habilitación administrativa, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, podrá prestar servicios básicos de telecomunicaciones en el país.
A tales efectos, el Ejecutivo Nacional tiene la obligación legal de realizar todas las acciones necesarias para asegurar que, a partir del día siguiente de la cesación del privilegio de concurrencia limitada, los operadores que hayan cumplido con los requisitos establecidos puedan explotar los servicios básicos de telecomunicaciones.
1) Concepción del proceso de apertura.
La inclusión de nuevas empresas prestadoras de servicios básicos de telecomunicaciones en el mercado venezolano constituye el momento cumbre de la transformación del sector de las telecomunicaciones, iniciada en 1991 con la privatización de la C.A.N.T.V.
En este momento, los esfuerzos del Estado están destinados a diseñar e implementar una política coherente que asegure tanto la libertad de empresa de los operadores y el beneficio privado en la realización de la actividad, como la protección de los intereses de los usuarios y el desarrollo integral del país.
Con la apertura total del sector de las telecomunicaciones, Venezuela avanza hacia la sociedad del conocimiento, y al mismo tiempo promueve el progreso social, económico y tecnológico. La entrada de nuevas empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones, aunada a la actuación en el ámbito internacional en el ejercicio de la presidencia del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), la membresía en la Directiva de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el desarrollo del proyecto satelital Simón Bolívar, permitirá a Venezuela posicionarse en los mercados internacionales para convertirse en líder regional de las telecomunicaciones.
Por otra parte, el fenómeno de la convergencia de tecnologías, al permitir una mayor eficiencia en la utilización de las redes de telecomunicaciones, así como la convergencia de los servicios, posibilita a las empresas la prestación no sólo de servicios básicos de telecomunicaciones, sino también de una diversidad de otros servicios.
En consecuencia, el Ejecutivo Nacional ha considerado que la apertura de los servicios básicos de telecomunicaciones no puede ser entendida de manera aislada, sino que debe conllevar al relanzamiento de la actividad de todo el sector. Así, se aprovecha la presente oportunidad no sólo para crear y ordenar las bases que han de enmarcar la transición hacia la libre competencia en los mercados de los servicios básicos de telecomunicaciones, sino también para crear condiciones que incentiven a los inversionistas privados a participar activamente en beneficio del desarrollo del sector.
2) Plataforma para el desarrollo de la Apertura
La novísima Carta Magna ha brindado el basamento estructural necesario para el desarrollo de la actividad económica en el país, al establecer un conjunto de garantías dirigidas a proteger derechos fundamentales, tales como: el derecho de propiedad, la libertad económica, la protección a la iniciativa privada y el desarrollo de los mercados en libre competencia.
El Estado venezolano utilizará diversos instrumentos destinados a establecer las bases de la actividad de las telecomunicaciones, con el objeto de modernizar el sector, promover la inversión y dotar a los particulares de reglas claras y confiables que permitan un mejor desarrollo de la actividad. Dichos instrumentos son: la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Telecomunicaciones, el Marco para las inversiones en el sector y el Reglamento de Apertura del Servicio de Telefonía Básica.
3) Plan Nacional de Telecomunicaciones.
El Plan Nacional de Telecomunicaciones tiene como norte fundamental el insertar a Venezuela en la Sociedad del Conocimiento, promoviendo de manera eficaz el desarrollo de las telecomunicaciones e impulsando el crecimiento económico, a través del establecimiento de una visión clara del sector, proporcionando, a su vez, herramientas de soporte a decisiones políticas, regulatorias, de planificación y de inversiones.
La visión plasmada en el Plan Nacional de Telecomunicaciones es consolidar una sociedad desarrollada, rica en conocimientos e información, al alcance de todos, en cualquier momento y cualquier lugar, provista de una infraestructura de vanguardia que la convierta en líder de la región.
En este sentido, contiene objetivos a corto, mediano y largo plazo orientados a dirigir las decisiones del gobierno para promover el desarrollo del sector y establece las metas para el logro de esos objetivos.
4) Marco de inversiones nacionales y extranjeras en el sector.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé que las habilitaciones administrativas para realizar actividades de telecomunicaciones y las concesiones para el uso y explotación del espectro radioeléctrico podrán ser otorgadas a personas de cualquier nacionalidad, siempre que estén domiciliadas en el país, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.
Cabe destacar que la participación de la inversión extranjera en el ámbito de las telecomunicaciones sólo podrá limitarse en el caso de los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta.
II. Descripción del sector de las Telecomunicaciones
a) Características técnicas del sector
El análisis económico de las características de la industria de telecomunicaciones abarca dos aspectos: Por un lado, los componentes físicos, dentro de los cuales se destaca como elemento fundamental, la red; por el otro, el abanico posible de servicios de telecomunicaciones.
Una red de telecomunicaciones es un sistema de medios interconectados diseñado para transmitir voz, datos, e imágenes entre otras unidades de información entre una multiplicidad de usuarios y localidades. La descripción técnica de la red implica varios niveles de interconexión. La red local está compuesta por los equipos terminales de los suscriptores los cuales están conectados mediante líneas telefónicas a sus centrales respectivas. Las centrales telefónicas realizan la conexión requerida en una llamada telefónica entre un par de suscriptores de la misma localidad. Ahora bien, la comunicación entre diferentes ciudades o regiones se lleva a cabo a través de circuitos de larga distancia nacional llamados redes troncales conmutadas.
Basados en la utilización de instalaciones físicas, las redes pueden ser clasificadas como alámbricas e inalámbricas. Como su nombre lo indica, las redes alámbricas son aquellas que efectivamente utilizan las instalaciones de redes tales como el cableado. Por su parte, las redes inalámbricas son las que utilizan medios tecnológicos distintos a los físicos, tales como las redes satelitales.
Las redes de telecomunicaciones tienen una estructura vertical natural que integra los distintos niveles de la red, desde las conexiones locales hasta las nacionales, haciendo posible que la comunicación se realice entre dos suscriptores ubicados en cualquier región en donde haya sido desarrollada la red. Finalmente, las redes nacionales están conectadas con la red internacional lo que permite la comunicación entre los países del mundo.
Originalmente, los componentes físicos ubicados entre los terminales telefónicos y las distintas centrales y estaciones estaban compuestos por líneas unidas por postes. Posteriormente, estas líneas fueron sustituidas por sistemas de cableado (aéreo y/o subterráneo). Así mismo, los llamados cables coaxiales reemplazaron los cables de cobre utilizados inicialmente para la transmisión de larga distancia. A su vez, los avances tecnológicos permitieron el rápido reemplazamiento de los cables coaxiales por los de fibra óptica y por las transmisiones de microondas (terrestres y por bases satelitales).
Con respecto al segundo componente de la industria, esto es, la variedad de servicios de telecomunicaciones cabe decir que las innovaciones tecnológicas, así como las presiones económicas y políticas, han propiciado el surgimiento de nuevos servicios de telecomunicaciones, precipitando de esta manera la evolución del entorno del sector tanto a escala nacional como internacional. Con ello se ha obligado a los involucrados en el sector (operadores y hacedores de políticas) a revisar el conjunto de definiciones tradicionales que han caracterizado los servicios en el sector y la manera cómo éste ha sido organizado.
Es necesario destacar algunas particularidades importantes que definen el tipo de incentivos que los operadores en el sector tendrán en cuenta al establecer sus modos de comportamiento y relacionamiento empresarial, lo que es indispensable para precisar el marco regulatorio deseable:
  • En primer lugar, que la tecnología utilizada para ofrecer los diversos servicios de telecomunicaciones se considera "específica".
  • Además, que el sector había sido tradicionalmente considerado como un "monopolio natural", por sus elevadas economías de escala tanto a niveles gerenciales como administrativos y operacionales. Ello generaba un claro problema en la prestación eficiente y asequible a todos los segmentos de la población, y por consiguiente, un alto índice de penetración telefónica con curvas de demanda inelástica, bajo condiciones de competencia.
  • Adicionalmente, el funcionamiento del sector depende de la utilización del espectro radioeléctrico como recurso escaso el cual es indispensable para servir de vehículo a las transmisiones que son la base del funcionamiento del sector.
b) Características del sector en Venezuela
Según ha indicado Araujo Juárez, los servicios de telecomunicaciones están organizados en Venezuela según las siguientes categorías:
  • Servicios Básicos de Telecomunicaciones: son los servicios de telefonía conmutados locales, nacionales e internacionales.
  • Servicios Básicos de Telecomunicaciones Locales: "Servicios de telefonía conmutados que operan dentro de un área de servicio local y utilizan una red básica de telecomunicaciones, excluyendo los Servicios Básicos de telecomunicaciones de larga distancia, y
  • Servicios Básicos de Telecomunicaciones de Larga Distancia: "Servicios de telefonía conmutados nacionales que operan entre áreas de servicio locales diferentes y utilizan una Red Básica de Telecomunicaciones y servicios de telefonía conmutada internacional proveniente de o dirigido a la República de Venezuela.
  • Sistema Móvil Celular: Sistema de telefonía pública que utiliza la tecnología celular con capacidad de interconexión, con la red básica de telecomunicaciones para operar en un área geográfica en la banda "A" o en la banda "B".
  • Redes Privadas de Telecomunicaciones: Sistemas de telecomunicaciones propios destinados a proveer medios de transporte de señales punto a punto y punto a multipunto de voz, texto, imagen, vídeo o datos, integrados o no, a través de cualquier medio. Además de los indicados anteriormente existen otros servicios no definidos en reglamentos o legislación tales como servicios de valor agregado, concentración de enlaces y telecomunicaciones directas por satélite desarrollados en los contratos de concesión otorgados por Conatel.
  • Servicios de Valor Agregado: Son aquellos que, mediante el uso de redes de Telecomunicaciones y la adición de equipos, sistemas y aplicaciones informáticas, proveen facilidades como correo electrónico, vídeo texto, acceso a archivos electrónicos de datos, telebanca, imagen, correo de fax y similares telecomunicaciones que soportan o transmiten y procesan información de cualquier naturaleza. Estos servicios pueden ser el correo electrónico, la transferencia electrónica de fondos, al acceso al Banco de Datos, entre otros.
  • Servicios de Concentración de Enlaces (o comúnmente llamados Trunking): Comprenden las comunicaciones bidirecionales y móviles, a través de un sistema de Concentración de Enlaces. Estos servicios pueden ser de varias formas:
  • Servicios de Telecomunicaciones Directas por Satélite: Integran cualquier servicio de telecomunicaciones o cualquier combinación de los mismos, con transmisión unidireccional o bidireccional con capacidad de interacción y calidad ajustada a las normas internacionales, que llega al terminal del usuario final, de manera directa, mediante enlace por satélite.
  • Servicios de Radiocomunicaciones Móviles Terrestres: Estos consisten en la operación de una red de telecomunicaciones diseñada para prestar servicios de punto a multipunto de comunicaciones, de monitoreo y/o radiolocalización.
  • Servicios de Telemedicina: Son aquellos servicios de telecomunicaciones móviles que, a través de la infraestructura necesaria para la transmisión de las señales de voz o de datos necesarios, prestan los servicios de telemetría, asistencia médica y chequeo de pacientes a domicilio.
  • Servicios de Radiomensajes Personales: Son aquellos servicios de transmisión de mensajes, mediante emisiones radioeléctricas con carácter selectivo y receptores en poder de los usuarios del mismo. Estos se encuentran regulados en el Reglamento de Radiomensajes Personales.
c) Importancia del sector en el país; breve enfoque social, cultural y económico Se puede asegurar, para discernir sobre la problemática actual y a futuro de las ventajas competitivas del mercado venezolano, que las industrias culturales apoyadas en los medios de comunicación, las Telecomunicaciones (extensión telemática, redes), las nuevas tecnologías comunicacionales e informáticas productoras de bienes de capital y, aquellas en relación directa con actividades comerciales, se han transformado en los principales agentes de una economía hacia "sociedades de servicios" o "de conocimiento" así como de mensajes, bienes y servicios del desarrollo cultural. Frente, a tal expansión y diversidad industrial de los mercados culturales y comunicacionales en Venezuela, nos resulta evidente el lugar estratégico que deberían ocupar en una agenda de prioridades sobre la competitividad de las industrias venezolanas (ver Cuadro N° 1).
De acuerdo a las proyecciones de IDC (International Data Corporation) el tamaño o valor del mercado de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (TIT) en Venezuela suman 3.854 millones de dólares para 1998 generando alrededor de 45.000 puestos de trabajo, con una inversión de 1.400 millones de dólares en Telecomunicaciones en 1998 (Computación Global, Enero 1999). En los últimos siete años las inversiones en sector de Telecomunicaciones sobrepasaron los 6.000 millones de dólares y 390 millones de dólares se han cancelado al Fisco por impuesto desde 1991 hasta 1998, según estimaciones de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL).
De igual modo, se espera que en los próximos cinco años el sector de las Telecomunicaciones en Venezuela atraerá inversiones que oscilan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, de manera que junto al sector de minería, acero y hierro, esta área económica se encuentra entre las más atractivas (MILAZZO, Belinda. 1998). Según perspectivas de CONAPRI, tiene una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de 6%, mientras que en 1991 cuando se inició el proceso de apertura alcanzó 2% y, se presume que podría llegar a alcanzar el 10% del PIB en un plazo de cuatro a cinco años. Así mismo, las proyecciones hacia el año 2000 cuando haya total apertura del sector de Telecomunicaciones a la competencia de otras empresas generarán al país una inversión inicial de 1.000 millones de dólares en telefonía básica, según datos de CONATEL.


ELABORADO POR ANTONIA BLANCO


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LEY DE TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA


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Introducción.
Las telecomunicaciones en Venezuela nacen con el servicio de correos colonial; las correspondencias procedentes del exterior eran transportadas por buques de guerra hasta que la Compañía Guipuzcoana asume tales actividades con sus servicios marítimos desde su establecimiento en el país en el año 1728.
La primera administración postal fue creada durante la presidencia del General Páez en 1832, cuando se abren oficinas postales en las capitales de los estados y principales puertos del país.
En 1856 se inaugura la primera línea telegráfica de Venezuela -entre Caracas y La Guaira- y en 1859 circula la primera estampilla de correos del país.
El presidente Antonio Guzmán Blanco nacionaliza el telégrafo eléctrico en 1875 y en 1882 se instaura el servicio internacional telegráfico fecha en que se comunican Venezuela y Colombia.
En 1883 se inicia en Venezuela la prestación del servicio telefónico en la ciudad de Caracas, en 1864 se inaugura el servicio telefónico entre Caracas y La Guaira y en 1886 se promulga la primera ley que permite las comunicaciones de Venezuela hacia el exterior.
En 1918 se promulga la Ley de Telégrafos y Teléfonos Federales y en 1921 se inicia la telegrafía inalámbrica.
En 1929 el Estado venezolano inicia el proceso de nacionalización del servicio telefónico; en 1973 se completa este proceso.
La primera emisora de radiodifusión comercial en amplitud modulada (AM) empieza sus transmisiones en 1925, y cincuenta años más tarde, en 1975, se funda la Emisora Cultural de Caracas, única en frecuencia modulada (FM) hasta 1985, cuando se inicia el otorgamiento de concesiones para la instalación y operación de emisoras comerciales en este tipo de frecuencia.
El 22 de noviembre de 1952 comienzan las transmisiones de televisión: Venezuela fue en ese momento el decimoséptimo país, a escala mundial, en establecer la televisión. En los años 1952 y 1953 se puede decir que principia la etapa de masificación de las telecomunicaciones en el país.
El télex entra en el país en 1964, en agosto de este mismo año se crea INTELSAT (International Telecomunication Satellite Organization) con doce países miembros y el objetivo de establecer un sistema global de comunicaciones por satélite. En 1970 entra en servicio la estación terrena de Camatagua con lo que Venezuela se incorpora al mismo.
En 1967 entran en servicio las primeras centrales telefónicas de discado directo nacional. En 1973 se conecta el discado directo internacional.
En octubre de 1988 se inicia la prestación del servicio de telefonía móvil celular.
Venezuela inicia el proceso de privatización de los servicios de telecomunicaciones en el año 1991.
La evolución tecnológica en el sector de las telecomunicaciones ha sido muy violenta a partir de los años ochenta; los avances de la microelectrónica permitieron digitalizar la red telefónica en forma rentable y crear la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) la cual es una red única para todos los servicios de telecomunicaciones.
Para el siglo XXI se prevén progresos que acelerarán el cambio, con la aparición de la fotónica como tecnología dominante, que utilizará la velocidad de la luz para transmitir todo tipo de información: voz, datos, gráficos, señales en color, video, y que permitirá reducir cada vez más el tamaño de los equipos y aumentar la velocidad de las computadoras más complejas.
Las Comunicaciones en Venezuela actualmente están inmersas en un período de cambios lo que las ha convertido en un negocio con toda la significación que tiene para el país. Para la inmersión de Venezuela en el mundo actual de las telecomunicaciones fue necesaria la apertura del sector y la desmonopolización del mismo El clima actual es de una gran actividad propiciada por agentes económicos provenientes de asociaciones con capital extranjero. A partir del año de 1991 ha ocurrido un repunte en el desarrollo de las comunicaciones en Venezuela, impulsado por la venta parcial de las acciones de empresa Telefónica Nacional (CANTV), lo cual a traído una apertura y nuevas perspectivas de desarrollo que se han venido desarrollando y madurando hasta alcanzar el nivel de desarrollo que se tiene actualmente, donde estamos inmersos en un mundo cada vez más cambiante y las telecomunicaciones pueden considerarse la segunda industria en importancia en el país, por lo que a pesar de la situación económica que se presenta en el país el sector ha venido creciendo de manera sostenida.
CONATEL
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, promulgada el 12 de junio de 2000, otorgó las competencias estatales para la regulación del sector a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Esta Comisión, inicialmente fue creada mediante el Decreto Nº 1.826 del 5 de septiembre de 1991 en la gaceta Oficial Nº 34.801 de fecha 18 de septiembre del mismo año) atribuyéndosele el carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica, y la jerarquía de una Dirección General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Reemplazo al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CNT)
CONATEL inició en 1999 un proceso orientado a asegurar una mayor eficiencia y capacidad técnica. En tal sentido, se introdujeron cambios en su estructura organizativa, sus recursos humanos y su infraestructura técnica. Tal esfuerzo, aunado a las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional y los postulados de la Ley de Telecomunicaciones han cambiado la concepción del organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela.

Objetivos
Regular al sector de telecomunicaciones (televisión, radio, internet) para promover su fortalecimiento y desarrollo.

Operación
La finalidad de la gestión del espectro es la de identificar aquellas transmisiones que no se ajustan a los requisitos de operación, bien sea por falta de autorización o por algún defecto técnico de la transmisión. De este modo, una de las funciones básicas de CONATEL es el monitoreo del espectro radioeléctrico, el cual se ejecuta a través del sistema SICOTER (Sistema de Comprobación Técnica del Espectro Radioeléctrico).
El Centro Nacional de Control (CNC), ubicado en Caracas actua como el núcleo del sistema, albergando la Base de Datos del Sistema de Gestión del Espectro, genera tareas operativas, dirige y controla las actividades operacionales de las estaciones, recibe y consolida los datos resultantes de éstas operaciones. El CNC se divide en tres unidades: Unidad de Control y Administración, Unidad de Planificación y Desarrollo y Unidad de comprobación Técnica y Radiolocalización

LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES:
La interconexión en telecomunicaciones en Venezuela
Abstract: El nuevo régimen jurídico de las telecomunicaciones en Venezuela, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000 (en lo sucesivo LOTEL), se encuentra inspirado por un principio cardinal que es que los servicios y las actividades de telecomunicaciones deben prestarse en régimen de libre competencia, ello como consecuencia de la consideración de que los servicios de telecomunicaciones constituyen ‘servicios de interés general', frente a la consideración anterior, donde no se valoraba como un bien fundamental a la libre competencia dentro de la prestación de tales servicios de telecomunicaciones. Tal es la importancia que se ha dado a la interconexión, que algunos autores como López-Ibor han llegado a considerarla como el presupuesto material de la liberalización de las telecomunicaciones.

El nuevo régimen jurídico de las telecomunicaciones en Venezuela, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000(1) (en lo sucesivo LOTEL), se encuentra inspirado por un principio cardinal que es que los servicios y las actividades de telecomunicaciones deben prestarse en régimen de libre competencia, ello como consecuencia de la consideración de que los servicios de telecomunicaciones constituyen ‘servicios de interés general’(2), frente a la consideración anterior(3), donde no se valoraba como un bien fundamental a la libre competencia dentro de la prestación de tales servicios de telecomunicaciones. Tal es la importancia que se ha dado a la interconexión, que algunos autores como López-Ibor han llegado a considerarla como el presupuesto material de la liberalización de las telecomunicaciones.(4)
La concepción de las actividades de telecomunicaciones como actividades competitivas se rigen por el principio de libertad de empresa, lo que incluye la libertad de entrada al mercado, la libertad de acceso a la red, de libre contratación, de formación competitiva de precios y de inversión. Dentro de estos principios cardinales que rigen el nuevo régimen de telecomunicaciones interesa destacar el principio de libre acceso a la red:
“...para mitigar los efectos contrarios a la libre competencia, derivado de la existencia de la red, se impone el principio de libre acceso a terceros, según el cual el titular de la red deberá permitir que otros operadores se conecten a esa infraestructura, a fin de explotar la actividad de que se trate. Tal principio es de origen anglosajón, y obedece a la teoría de las essential facilities, según la cual, la propiedad sobre aquellas infraestructuras indispensables para la explotación de actividades comerciales no se rige por el principio de exclusividad. En virtud de este principio se impone, en las Telecomunicaciones, el derecho a la interconexión y de acceso a las redes.”(5)
Como puede verse este principio del libre acceso a la red resulta esencial para poder entender la interconexión desde el punto de vista jurídico, así como las consecuencias que de la misma se derivan. Sin embargo huelga decir que la interconexión es, guarda a su vez estrecha relación con otros dos conceptos fundamentales como son la interconectividad e interoperabilidad, entendidas como la susceptibilidad que deben tener todas las redes de telecomunicaciones(6) de permitir la interconexión de otras redes, de permitir el tránsito entre ellas; y la capacidad de las redes de permitir la conversión de servicio, adaptación o tránsito entre ellas (como por ejemplo entre la red RDSI y la red telefónica analógica mediante la transformación de señalización y conversión digital/analógica). Estos conceptos señalados constituyen principios que deben orientar el establecimiento y funcionamiento de todas las redes de telecomunicaciones.
Otro de los principios que busca el régimen de interconexión establecido en la LOTEL y en el Reglamento de Interconexión(7), es aquel según el cual las comunicaciones iniciadas en los equipos terminales de cualquier usuario (de cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones), puedan dirigirse hacia los equipos terminales de los usuarios de otros prestadores de servicios de telecomunicaciones de la misma naturaleza o recibir las comunicaciones de éstos, en cumplimiento de su obligación de corresponsalía pública.(8)
Es conveniente precisar que al hablar de redes, nos referimos a cualquier equipo o medio de transmisión electromagnético, ya sea individualmente considerado o como parte de un conjunto interconectado, que una vez instalado o establecido puede ser destinado a soportar la prestación de servicios de telecomunicaciones, es decir, que es susceptible de servir a la emisión, transporte o recepción de una señal de telecomunicaciones, con excepción de los equipos terminales.
Respecto a la interconexión, debe distinguirse entre el derecho de acceso a las redes de la interconexión, en el sentido de que el derecho de acceso se refiere al derecho que tiene el prestador de un servicio de telecomunicaciones(9), a poder acceder a una red de telecomunicaciones, mientras que la interconexión se refiere al derecho-obligación que tienen los operadores de redes de telecomunicaciones de establecer conexión entre dichas redes.
“La interconexión de las redes de telecomunicaciones plantea en el plano estrictamente jurídico, una problemática específica que es objeto de atención especial en el momento presente por parte de la autoridad reguladora, los operadores y proveedores de servicios, tanto en su vertiente teórica como eminentemente práctica” (Araujo Juárez)(10). Desde este punto de vista, podemos considerar que se deben analizar los principios generales acerca de la interconexión y el carácter que tienen los contratos de interconexión, como aspectos fundamentales de este fenómeno.
La interconexión (throughconnection) podría ser definida desde el punto de vista técnico, como una de las funciones que tiene que ver con la transmisión, conmutación para facilitar la transferencia de señales entre dos o más puntos de una red de telecomunicación, con el objeto de soportar las comunicaciones entre sus usuarios.
Interconexión, según la LOTEL y el Reglamento de Interconexión.
Por su parte la LOTEL(11), establece: “Los operadores de redes de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse con otras redes públicas de telecomunicaciones con el objetivo de establecer entre los usuarios de sus servicios, comunicaciones interoperativas y continuas en el tiempo. La interconexión se hará de acuerdo con los principios de neutralidad, buena fe, no discriminación, e igualdad de acceso entre operadores, conforme a los términos establecidos en esta Ley, sus reglamentos y demás normas aplicables .
Del artículo transcrito puede deducirse que se concibe a la interconexión como una obligación para los operadores de redes de telecomunicaciones, de donde todo operador de una red de telecomunicaciones tiene la obligación de permitir que los operadores de las otras redes, se interconecten con la suya. Pero de otro lado, la interconexión también constituye un derecho subjetivo que poseen los titulares u operadores de una red de telecomunicaciones para interconectarse con otra red de telecomunicaciones, de donde podemos concebirla como un derecho-obligación. La interconexión concebida como obligación es inherente a la condición de prestador de servicios de telecomunicaciones(12), independientemente del título en virtud del cual use, posea o controle la red pública a través de la cual presta dichos servicios.(13) (implica necesariamente la utilización del recurso limitado de numeración). Esta obligación implica que el titular de una red pública, tiene la obligación de permitir la interconexión de los operadores que así lo soliciten y que deben además garantizar el interfuncionamiento de las redes interconectadas.
En segundo lugar, el artículo en análisis establece que el objeto de la interconexión es establecer entre los usuarios de las diversas redes a interconectarse comunicaciones de modo que de cualquier equipo terminal del abonado a una de las redes, se puedan iniciar y recibir comunicaciones que tengan como destino u origen otro equipo terminal de un abonado de otra red de telecomunicaciones. Además establece el artículo que dichas comunicaciones deben ser interoperativas, vale decir que las redes y equipos de una red puedan comunicarse efectivamente con los equipos de la otra red a interconectar.
Por otra parte se establece toda una serie de principios generales que rigen la interconexión. Estos principios son(14):
§ NEUTRALIDAD: Significa que los operadores con posición de dominio deben abstenerse de prestar servicios de telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus competidores, vale decir el no emplear prácticas restrictivas de la libre competencia.
§ BUENA FE: Quiere decir que cuando los operadores de las redes de telecomunicaciones, al negociar los correspondientes contratos de interconexión, deben hacerlo con la intención de llegar a un acuerdo efectivo, además que deben cumplir los contratos en la forma en que fueron concebidos, pactados y suscritos.
§ IGUALDAD DE ACCESO: Los operadores de redes de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir la inteconexión en condiciones equivalentes a todos los operadores que soliciten dicha interconexión.
§ TRANSPARENCIA: Los operadores de las redes de telecomunicaciones tienen la obligación de poner a disposición de los operadores que lo soliciten, la información de carácter técnico suficiente sobre las condiciones relativas a la interconexión
§ NO DISCRIMINACIÓN: Los operadores de telecomunicaciones no pueden dar un trato diferenciado o preferente a determinados operadores, en detrimento de otros.
Aparte de lo anterior, existen otros principios establecidos en el Reglamento de Interconexión, que rigen este derecho-obligación. Entre ellos tenemos:
La libertad de negociación. Los operadores de redes de telecomunicaciones establecen los términos técnicos, jurídicos y económicos dentro de los cuales se llevará a cabo la interconexión de sus respectivas redes. Estas condiciones y términos de negociación se establecen mediante los contratos de interconexión. En dichos contratos se establecerán: “...las obligaciones y responsabilidades que cada parte asumirá sobre los efectos que pudieran producirse en el sistema por la instalación de equipos inadecuados o defectuosos en sus respectivas redes.”(15)
Estos contratos de interconexión se llevan a cabo en principio por la libre negociación de las partes, caracterizados por mecanismos de negociación y establecimiento de los contratos de manera libre entre las partes, en principio, con una intervención subsidiaria por parte del ente regulador (Conatel), en caso que los contratantes no lleguen a un acuerdo, en un plazo determinado (a este respecto nos referiremos más adelante cuando tratemos los contratos de interconexión y el procedimiento para la interconexión). (16) Resulta interesante analizar si realmente en estos acuerdos de interconexión realmente priva la autonomía de las partes a la hora de contratar, puesto que resulta evidente que la orden de interconexión que emite Conatel, en caso que pasado el plazo establecido no se consiga el acuerdo tiene un carácter vinculante (al hacer referencia a los contratos de interconexión se profundizará en el tema).Ahora, cabría preguntarse cuál es el motivo por el que el legislador estableció esta intervención subsidiaria por parte del ente regulador, y esta debemos encontrarla en la experiencia desarrollada en otros países, donde los operadores establecidos (incumbents), utilizaron como estrategias para evitar la interconexión la negativa a negociar hasta que la otra parte cuente con licencia, demoras en la interconexión, imposición de requerimientos técnicos injustificados. Ante dicha situación, la solución que se le dio en los Estados Unidos fue en primer término, los competidores se vieron obligados a pedir el arbitraje de los reguladores estaduales; por otra parte, la ley fija tiempos determinados para las decisiones y los reguladores tienen autoridad para hacer cumplir decisiones sobre interconexión, los contratos de interconexión incluyen cláusulas penales para casos de incumplimiento de las mismas.Respecto a la iniciativa para lograr la interconexión, esta corresponde a cualquiera de los operadores de las redes de telecomunicaciones, quien deberá dirigirla por escrito al otro operador con el que pretenda interconectarse. (17) La solicitud deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39 del Reglamento.
La coubicación de los equipos. Que se refiere a la obligación que tienen los operadores de redes de telecomunicaciones que empleen o posean redes públicas, referente al uso de los espacios físicos, respecto a la colocación de los equipos y medios de transmisión que resulten necesarios para efectuar la interconexión por parte de otro operador con quien ha celebrado un contrato de interconexión. Esta obligación existe siempre que la interconexión haya sido solicitada. No obstante la obligación que tienen los operadores de las redes de telecomunicaciones, requiere en todo caso el establecimiento de una contraprestación económica correlativa. La coubicación comprende, aparte de la obligación de poner a disposición el espacio físico, el brindar los servicios auxiliares (suministro de energía, aire acondicionado y demás facilidades necesarias para la adecuada operación de los equipos y medios de transmisión requeridos para la interconexión), en términos y condiciones no discriminatorios.
Eficiencia económica y técnica. La interconexión de las redes de telecomunicaciones debe estar orientada hacia la consecución de la interoperabilidad entre las mismas, pero en términos de eficiencia en lo económico y sin que la interconexión desmejore de ninguna manera la calidad de las emisiones de telecomuncaciones.
Respecto a la eficiencia económica, se establece que el operador que desee interconectarse: “...asumirá los gastos de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones necesarias para llegar hasta el punto o los puntos de interconexión con la red del operador de la misma naturaleza con el cual se hará la interconexión. No obstante, los operadores podrán acordar en el contrato de interconexión, mecanismos para compartir los costos por las inversiones antes señaladas.”(18) Esta disposición tiene que ver directamente con la obligación relativa a la coubicación de los equipos a la que se hizo referencia.
Los precios del enlace local y de coubicación deben basarse en costos. Los del enlace local no deben ser ni muy ni muy bajos, ya que los altos inhiben la habilidad del competidor de comprar enlaces desagregados y los bajos desalentarían la construcción de redes. Respecto del precio, los competidores deben orientar los cargos a los costos y solicitar el uso de modelos de costo a futuro, solo los costos atribuibles a los enlaces desagregados. En el régimen legal venezolano se establece que los cargos deben estar orientados hacia los costos, así como un margen de ganancias razonable, los cuales deben indicarse expresamente en el contrato de interconexión, al igual que las metodologías utilizadas para determinarlos y las correspondientes fórmulas de reajuste(19). De igual modo se debe preservar la incidencia del desarrollo de la tecnología.
En la actualidad, el proceso que se viene viviendo en Venezuela con la apertura del mercado de las telecomunicaciones, es parte de un proceso regional: Latinoamérica está abriendo los mercados nacionales a la competencia, se debe fomentar la inversión en infraestructura moderna. El desafío en el futuro es implementar la desagregación real del enlace local para asegurar una competencia efectiva, se debe reemplazar la regulación sectorial con Políticas que favorezcan la competencia.
En efecto, al respecto un autor como Rodríguez Illera enuncia "... la introducción de competencia efectiva en los mercados de las Telecomunicaciones se ha visto con frecuencia dificultada por la existencia de barreras de entrada de nuevos agentes en el mercado, barreras cuyo efecto es bien el de limitar el número de agentes en el mercado, bien el de hacerles incurrir en costes distintos a los de los operadores ya posicionados ..."(20)
Respecto a la eficiencia tecnológica, el Reglamento de Interconexión establece que el contrato respectivo debe incluir un proyecto de carácter técnico que debe considerarse como un anexo a dicho contrato. De igual modo el artículo 31 establece que en los contratos debe especificarse:
1. Las características técnicas y la ubicación geográfica de los puntos de interconexión.
2. Las coubicaciones acordadas, sus términos y condiciones.
3. Los diagramas de interconexión de los sistemas.
4. Las características técnicas de todas las señales a transmitir por el sistema: señales principales y auxiliares, así como, las condiciones técnicas de las interfaces.
5. Los requisitos de capacidad de los sistemas involucrados.
6. Los índices apropiados de calidad de servicio, nacionales e internacionales.
7. Las condiciones y características de instalación, prueba, operación y mantenimiento de equipos, así como los enlaces para la interconexión.
8. Las formas y procedimientos para la provisión de otros servicios que las partes acuerden prestarse, tales como, operación, administración, mantenimiento, servicios de emergencia, asistencia de operadora, información automatizada para el usuario, información de guías, tarjetas de llamadas y servicios de red inteligente.
9. Los procedimientos para detectar y reparar averías, así como la estimación de índices promedio aceptables para los tiempos de detección y reparación.
10. La fecha en que se completarán las facilidades necesarias para la interconexión.
Los cargos por interconexión deben garantizar que no se desmejore la calidad de los servicios por el hecho de la interconexión, siendo responsabilidad de cada uno de los operadores de la red, el afrontar individualmente la calidad del servicio, por lo que respecta a su abonado. En efecto el artículo 137 de la LOTEL, establece que: “La interconexión entre redes de telecomunicaciones deberá ser efectuada sin menoscabar los servicios y calidad originalmente proporcionado, de forma tal que cumpla con los planes y programas en materia de telecomunicaciones aprobados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
La responsabilidad del servicio y su calidad, recaerá sobre el operador contratado por el usuario, salvo que demuestre causas no imputables a él.”
De modo que, no debe producirse por causa de la interconexión una degradación de la calidad en el servicio de telecomunicaciones prestado. A este respecto debe precisarse lo siguiente: Primero, cada operador es responsable de los niveles de calidad de su red, independientemente de la interconexión, por lo que debe responderle a sus abonados en caso que desmejore el servicio prestado; Segundo, la responsabilidad frente al usuario corresponde al operador con quien dicho usuario hubiere contratado, vale decir al abonado de ese prestador de servicios de telecomunicaciones.
Contabilidad. Los operadores de redes de telecomunicaciones deben cumplir con normas específicas en cuanto al control contable de sus operaciones y costos. El Reglamento, establece que se debe establecer una separación contable de los ingresos y gastos generados por la interconexión, así como que deben adoptar sistemas contables que identifiquen con precisión los costos que genere la interconexión y los criterios para su distribución entre los elementos de red desagregados, así como emplear estructuras de costos ajustadas al plan único de cuentas del sector de telecomunicaciones emitido por Conatel.(21)
Información: Existe para los operadores de redes de telecomunicaciones que presten servicios de tal índole, la obligación de informar suficientemente sobre las condiciones relativas a la interconexión, a los operadores que así lo soliciten. Esta información se refiere fundamentalmente a las condiciones y características técnicas que se requieren para efectuar la interconexión (vgr. las características técnicas, la ubicación geográfica de los puntos de interconexión, diagramas de interconexión de los sistemas, características técnicas de todas las señales a transmitir, etc.), en fin todas aquellas características y condiciones requeridas y acordadas que permitan establecer la interconexión entre los operadores. Esta información debe ser intercambiada entre las partes.
Respecto a esta obligación de dar información, está regida por dos principios fundamentales: En primer lugar, por la libre negociación de su tratamiento, en el sentido de que las partes son libres para establecer de que manera manejarán el proceso de suministrarse mutuamente la información que requieran para establecer, mantener y actualizar la interconexión, en los términos que contractualmente establezcan; y en segundo lugar, la especificación en el contrato, que quiere decir que la forma en que obtendrán y manejarán la información, debe ser expresamente establecida en el contrato de interconexión.
Aparte de lo anterior, los operadores de redes de telecomunicaciones tienen la obligación de suministrar a CONATEL, con una periodidicad semestral, información relativa a: a) Arquitectura de red y normativas relacionadas; b) Especificaciones de puntos de interconexión existentes y factibles; c) Capacidad en planta interna por central, tanto instalada como utilizada; d) Tráfico cursado desglosado por operador interconectado; e) Cargos de interconexión. Esta información debe ser remitida a CONATEL, dentro de los primeros 30 días continuos de cada semestre.(22)
Aparte de lo señalado, existe la obligación que tienen los operadores de las redes de suministrar toda la información que sea necesaria a CONATEL con motivo de la intervención de ésta a los fines de fijar los términos y condiciones de la Interconexión, de llegar a ser esto necesario.
ELABORADO POR : CARLOS GONZALEZ